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La reforma de la Ley Ali en Estados Unidos quiere acabar con los títulos interinos y dar agencia libre a los boxeadores
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La Muhammad Ali American Boxing Revival Act dio esta semana un paso clave en su camino legislativo en Estados Unidos. El Comité de Educación y Fuerza Laboral aprobó por 30 votos a favor y 4 en contra una versión enmendada del proyecto, lo que permite que la iniciativa llegue ahora a la Cámara de Representantes.
El texto propone una actualización profunda de la Professional Boxing Safety Act de 1996, con el objetivo de reforzar la seguridad, la salud y las condiciones económicas de los boxeadores. También abre la puerta a un cambio estructural en la organización del deporte, con la creación de una Unified Boxing Organization (UBO) que funcionaría como excepción dentro del marco legal vigente.
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La reforma de la Ley Ali en Estados Unidos quiere acabar con los títulos interinos y dar agencia libre a los boxeadores
GettyImages
La propuesta fue presentada por los congresistas Brian Jack y Sharice Davids y ha contado con un apoyo bipartidista notable. Un respaldo que se reforzó tras la incorporación de varias enmiendas impulsadas por Ilhan Omar y el presidente del comité, Tim Walberg, que introdujeron salvaguardas adicionales para los deportistas. En su forma actual, el proyecto permitiría que una UBO opere bajo condiciones similares a las de una liga unificada, siempre que cumpla estrictos requisitos en materia contractual, médica y económica. Un modelo que facilitaría la entrada de nuevas estructuras organizativas en el boxeo profesional estadounidense.
Entre los cambios más relevantes figura el aumento del pago mínimo por asalto, que pasaría de 150 a 200 dólares, así como la ampliación de la cobertura médica mínima por combate, que se duplica hasta los 50.000 dólares. También se actualizan los protocolos obligatorios de pruebas médicas, con controles más frecuentes y completos.
Uno de los puntos que más debate ha generado es la compensación para boxeadores sin actividad. Según las enmiendas aprobadas, cualquier púgil que pase seis meses sin combatir tendría derecho a percibir un pago mensual equivalente a diez veces el mínimo por asalto, una medida pensada para evitar que los deportistas sean apartados de forma estratégica. El proyecto también limita la duración máxima de los contratos a seis años y establece un sistema de pre-agencia libre. A falta de 30 días para el final de su contrato, los boxeadores podrán iniciar conversaciones con otras organizaciones o promotores, reduciendo el riesgo de acuerdos abusivos.
Otro de los apartados más destacados afecta directamente al sistema de campeonatos. El texto estipula que solo podrá existir un campeón mundial por categoría y por organismo, permitiendo cinturones interinos únicamente en casos muy concretos, como lesión, enfermedad o imposibilidad de viajar del campeón vigente. La medida apunta a reducir de forma drástica la proliferación de títulos secundarios, una práctica que ha generado críticas constantes entre aficionados y profesionales del sector. De aprobarse definitivamente, el uso generalizado de cinturones interinos quedaría prácticamente eliminado.
El proyecto también endurece las exigencias en materia de controles antidopaje. Promotores y organizaciones deberán garantizar pruebas aleatorias en todos los combates titulares y al menos al 50% del resto de participantes en cada evento, con análisis basados en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje. Este punto ha despertado inquietud en el boxeo de base y en promotores con menos recursos, que temen que el coste de estas pruebas complique la viabilidad de eventos de menor escala. Aun así, los legisladores han dejado la puerta abierta a seguir ajustando el texto.
“Señor presidente, votaré a favor y animo a que sigamos trabajando para mejorar el proyecto antes de que llegue al pleno”, afirmó el congresista Bobby Scott. Una postura que fue respaldada por Walberg, quien aseguró que “si podemos hacerlo mejor, lo haremos”. El proyecto encara ahora su siguiente fase. Deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Representantes, pasar posteriormente por el Senado y, finalmente, recibir la firma presidencial para convertirse en ley.
De completarse ese recorrido, Estados Unidos actualizaría por primera vez en más de 25 años su legislación federal sobre boxeo. Un cambio que podría alterar de forma profunda el modelo actual del deporte y redefinir el equilibrio entre organismos, promotores y boxeadores.
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